¿Cómo enfrentar un nuevo estallido? La discusión que se instaló en Chile Vamos por la “pandemia social”

Las antípodas de esta discusión corren hasta ahora por cuenta de dos frases. “Cuando las personas salen a protestar, es porque realmente lo están pasando mal”, dicha por Lucas Palacios, ministro de Economía, versus “el Gobierno debe ser firme en esto, debe querellarse con todas las herramientas de la ley”, de la presidenta UDI Jacqueline van Rysselberghe.

Lo ocurrido ayer en la comuna de El Bosque -vecinos en las calles protestando con y sin mascarillas, y al frente los carros lanzaaguas blancos de Carabineros- aceleró un debate en el que la derecha oficialista no tiene una sola voz respecto a cómo enfrentar un nuevo estallido derivado de la “pandemia social” -como lo ha llamado el Presidente Piñera- a consecuencia del descalabro ecónomico, laboral y de supervivencia doméstica.

En el diagnóstico tienden a confluir pero con matices. De que hay un riesgo de otro estallido, pues claro que lo ven. Pero los tres líderes de los partidos de la coalición que tienen votos en el Congreso calibran distinto las escenas de violencia hasta ahora vistas y la motivación política que ven tras ellas. La ayuda comprometida por La Moneda en forma de cajas de alimentos a contar de este viernes -que sigue a los bonos COVID-19, Ingreso Familiar de Emergencia y acceso a beneficios para pymes e independientes- tiene que ser por lo mismo muy rápida; es lo que la jefa UDI hizo ver en días pasados al gobierno.

También urge por medidas rápidas el alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, que ha mirado medidas en otros países (donde el apoyo alimenticio no lo hace el gobierno, sino que ONGs, asegura) y recalca “hay que hacerlo muy rápido y lo que quisimos mostrar ayer es que el municipalismo se mueve altiro, tiene menos burocracia y no importan los colores políticos”, aludiendo a su visita de ayer a El Bosque con su par de La Florida, Rodolfo Carter (nueva figura rutilante en las encuestas) a entregar cajas de comida.

Y ante el qué hacer si las protestas recrudecen, el disparo de largada parece haberlo percutado el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, esta mañana al hacer un juicio y una comparación en radio Duna. “Es absolutamente irresponsable aprovecharse de la circunstancias actuales para exacerbar y llamar a la gente a movilizarse. Esto no es el 18 de octubre”, dijo. El gobierno ya anunció querellas, pero queda por ver cómo encarará el peliagudo flanco del orden público, cuestionado desde el 18 de octubre a la fecha.

Van Rysselberghe no ve “un estallido aún, pero hay una posibilidad y tampoco creo que sea un hecho aislado” y dice estar segura que “detrás hay una manipulación política, no creo que sea solo la demanda social”, porque “si uno observa el barrio, las circunstancias, hay algún tipo de incitación”. Dice haber “visto en la TV un lenguaje de protesta, que no es de la gente común sino de activistas de izquierda". Pero percibe algo “completamente distinto; lo que había detrás del 18/O era una aspiración a tener más, conquistándo o quitándole a los que tenían más, y ahora es un mirada a recuperar lo que teníamos”.

No ve lo mismo Mario Desbordes, el jefe de RN, por mucho que en la misma radio Duna haya advertido que “Chile no resiste otra tercera situación de crisis como la de octubre y la de ahora" y que “hay cientos de miles de chilenos que no aguantan una tercera embestida”. Sí cree posibles “nuevas protestas”, pero con una precaución: “Por eso hay que tener una capacidad para distinguir al activista político que abusa o mal utiliza la pandemia y el hambre que están pasando miles de chilenos, de la real desesperación que están viviendo muchas personas. Por eso hay que condenar con fuerza al activista, al que abusa pero tener un poco más de comprensión de la situación crítica que están viviendo muchos hogares”.

Su alcalde emblema, Felipe Alessandri (Santiago), está en la primera fila de este cuadro y considera que “estamos ante algo completamente distinto al estallido, y quiero descartar cualquier tipo de nuevo estallido social. Hoy la gente quiere soluciones inmediatas y que actuemos unidos. Nuestros vecinos tienen miedo, y con justa razón". Pero, que “es inaceptable es que algunos políticos intenten sacar provecho de esto y marcar un punto”.

Hernán Larraín Matte, presidente de Evópoli, lee lo de ayer como “una señal de que se vienen días complejos”, pero también “un espacio para que algunos se aprovechen políticamente y no estén a la altura de lo que exige esta pandemia”, punto que le pasa la cuenta al Frente Amplio a raíz de algunos posteos de ayer en redes sociales. Y no ve lo mismo que post 18/O porque entonces “hubo protestas y demandas sociales, muchas de ellas muy legítimas, pero lamentablemente acompañadas de violencia injustificable”, pero que ahora el “fenómeno es global y no local, nos ataca a todos y por eso tenemos que responderle a este adversario colaborando entre todos, gobierno, oposición, empresarios, gremios, sociedad civil”.

Otra cosa es qué hacer. La senadora gremialista esta vez sí está de acuerdo con la sentencia de Blumel e insiste en que llamar a protestar “es completamente irresponsable, pone en riesgo el sacrificio de todos los que han mantenido aislamiento social y agrava las consecuencias económicas”. Eso sí, también advierte dos cosas. Que “uno tiene que empatizar porque mucha gente lo va a pasar mal”, pero que “están y van a seguir llegando ayudas, bonos, canastas”. Y que “mas allá de la angustia y miedo, salir a la calle es también irresponsable”.

La jefa UDI insiste en que La Moneda debe aplicar mano firme en la calle. Parte de eso lo analizaron en la Comisión Política de ayer y hoy emitirán una declaración, demandando al gobierno que “controle” la violencia para evitar más costos, punto que ya hicieron ayer en el comité político interpartidario y remoto. “No se pueden permitir imágenes como la de ayer, ni el robo, ni quemar buses, que nada tiene que ver con el hambre”, insiste, y asevera que “espero que el gobierno use todas las herramientas legales que tiene y defienda a los millones de chilenos que acatan medidas sanitarias”.

¿Con la misma fuerza que se usó después del 18/O? “La causa puede ser distinta, pero la violencia que vi por TV es la misma. Es obligación del Estado controlar el orden público con el uso legítimo de la fuerza”, cierra.

Desbordes cree otra cosa: “No creo que la solución para manifestaciones más grandes de este tipo sea Carabineros. Volvemos a la discusión si es Carabineros los que nos tienen que ayudar a solucionar estos problemas que son de carácter social más que de orden público”. También tiene una prevención con el llamado a querellarse, nuevamente, porque estima que hay que distinguir entre la masa protestante.

“Si es contra los activistas que se están aprovechando, por supuesto que hay que hacerlo, porque esa gente abusa de los que menos tienen. Si es una querella amplia para 100 ó 200 personas que pudieron haber participado de la manifestación, no me parece”, acota. E insiste en que “hay que ser duros con quienes se están aprovechando de la necesidad de las personas, con los saqueadores y los que están incendiando. Hay que ser capaces de distinguir eso de la masa de personas que se están manifestando por necesidad”.

Esto último es algo parecido a lo que piensa el otrora rival de JVR en la UDI, Jaime Bellolio: “La querella debe hacer la distinción de quienes solo promueven la violencia con fines ideológicos pero no generalizarlo porque eso sí podría generar una mayor molestia. Hay que separar la realidad de las personas que están pasando hambre de aquellos que están buscando en la pandemia, utilizar el hambre para más odio y violencia”.

Larraín piensa que, primero que nada, La Moneda (donde su partido tiene al ministro de Interior) debe empeñarse en “construir un clima de entendimiento, aunar voluntades". Que debe apoyar si “hay grupos aislados, puntuales, que demanden una ayuda esperada”. Pero que si “hay pequeños grupos que generan violencia más que solicitar ayuda, que el gobierno cumpla con su deber de controlar el orden público. Para eso tiene herramientas que le entrega el Estado de Derecho”.

Pero, ¿con la misma fuerza de antes? No exactamente. “Espero que sea usada de forma proporcional y respetando los derechos humanos de todos. Ojalá sea excepcional. Pero el gobierno tiene la obligación de mantener el orden público. Todos esperamos que sea una cosa excepcional, y que no se normalice ni naturalice la violencia durante la cuarentena”, cierra.