Italia y España: cuarentenas estrictas para detener el Covid-19

Después de convertirse en los principales focos de la pandemia y como resultado del estricto confinamiento impuesto por meses, Italia y España han comenzado a dejar el encierro para seguir con la reapertura. Sin embargo, son varias las lecciones que dejó la cuarentena en ambos países, que en un comienzo consistieron en una etapa basada en “ensayo y error”.

El mayor brote de coronavirus fuera de China se dio en territorio italiano. El denominado “paciente uno” apareció el 21 de febrero en la provincia de Lodi, en Lombardía, por lo que el norte fue decretado como “zona roja”. Inicialmente, el primer ministro Giuseppe Conte estableció por unas horas un decreto para confinar esta zona, pero el 9 de marzo se extendió a todo el territorio nacional con vigencia hasta el 18 de mayo. En ese momento había casi 8 mil casos activos y 463 fallecidos por el virus.

“Decidí adoptar medidas más fuertes y estrictas para contener el virus. Me veo obligado a intervenir para protegernos a todos, especialmente a los más vulnerables”, anunció Conte en ese momento tras declarar estado de emergencia, hasta el 31 de julio.

La cuarentena obligatoria nacional limitó el movimiento en el transporte público y privado de cerca de 60 millones de personas. Desde ese día, los italianos solo se podían trasladar por: trabajo, situaciones de necesidad como ir al supermercado, y razones de salud. Así, comenzó a operar un formulario único de permiso, que podía ser descargado o entregado por la policía, que resguardaban las calles junto a militares.

Antes del anuncio, colegios, universidades, museos y cines ya estaban cerrados. También se prohibieron las mudanzas, eventos públicos y deportivos y esto se sumó a la paralización de todas las empresas “no esenciales”, dejando 80 sectores operativos. A su vez, los restaurantes y bares podían operar solo hasta las 18:00 con medidas de precaución para realizar delivery.

Las personas que incumplían la cuarentena recibían una multa de US$ 231 y arriesgaban hasta tres meses de cárcel. En tanto, si daban declaraciones falsas podían recibir de uno a seis años de condena. Sin embargo, las sanciones podían ser mayores si eran faltas reiterativas.

A pesar de esto, entre el 11 y 17 de marzo, se hizo un chequeo a 700 mil ciudadanos, de los cuales 43 mil violaron el decreto, lo que obligó al gobierno a imponer nuevas sanciones, entre ellas las “supermultas”, que iban desde US$ 450 a US$ 3.400. Si una persona contagiada incumplía el confinamiento y enfermaba a alguien arriesgaba entre 3 a 18 meses de cárcel y una multa de US$ 560 a US$ 5.600.

Italia fue el primer país de Occidente en imponer restricciones radicales. Según The Wall Street Journal, esas medidas no tenían precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

Diez días después del primer contagio en Italia, España registró su primer caso. La primera semana de marzo, el país ya tenía más de 100 contagiados y los primeros muertos. A pesar de esto, se siguieron desarrollando eventos multitudinarios, como la manifestación del Día de la Mujer el 8 de marzo. Una semana más tarde comenzaron los cierres de colegios, primero en el País Vasco y luego en el resto del territorio.

El 14 de marzo, con 1.159 nuevos casos en 24 horas, el gobierno de Pedro Sánchez decretó el primer estado de alarma para limitar el movimiento de los españoles. Un día antes el Covid-19 había llegado a las 50 provincias de España. Esta etapa fue conocida como un “confinamiento flexible”: se prohibieron las salidas por “ocio” y se debía salir con permiso individual para casos de primera necesidad, como ir al supermercado, centros médicos, banco y otros.

Desde ese momento se cerró la mayoría del comercio, pero se mantuvieron funcionando restaurantes, tintorerías y peluquerías. No fue hasta el 29 de marzo, después de la primera prórroga del estado de alarma, cuando el gobierno anunció que solo los trabajadores esenciales podían salir del confinamiento.

Para resguardar el cumplimiento de las medidas, la policía y las Fuerzas Armadas establecieron puntos de controles en fronteras y calles. Según el diario El País, la secuencia de castigos por violar el confinamiento era: advertencia, sanción administrativa, detención y condena.

En los casos menos graves los infractores que no tenían permiso podían recibir multas de entre US$ 300 y 600. El castigo más severo era por organizar o asistir a fiestas (US$ 11 mil).

Al igual que Italia, España está ahora en una etapa de desconfinamiento, que inicialmente permitió la salida de niños, el deporte individual y reapertura de negocios, con limitaciones de asistentes y distanciamiento social.